Duros cuestionamientos al Gobierno por irregularidades

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Concejales del Frente para la Victoria volvieron a cuestionar la Rendición de Cuentas del Gobierno del Ejercicio 2017 y trasladaron las objeciones al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Esta semana ofrecieron una conferencia de prensa y detallaron los puntos poco claros.

Los concejales de la oposición convocaron a una conferencia de prensa, ayer a la mañana en su bloque, para reiterar los cuestionamientos que efectuaron el pasado 31 de mayo, cuando rechazaron la rendición de cuentas 2017. En el medio, hasta la fecha de ayer, hubo una reunión que el bloque del Frente para la Victoria- Unidad Ciudadana mantuvo con integrantes del Tribunal de Cuentas, con sede en Azul, con el propósito de alcanzarles la documentación respaldatoria, que consideran pueden existir irregularidades, sobre todo con la contratación de funcionarios, el otorgamiento de Créditos de Honor a beneficiarios, sin haber pasado por el Concejo, la no asignación en las cuentas del Hospital de la contribución por salud, que se paga en el ABL y finalmente el saneamiento ambiental del depósito de vehículos, cuyo predio todavía figura como estación de servicio y no ha sido desafectado como tal.

Con la presencia de María Lamarche, Marisol Jodor, Emilio Tisera, Jorge Barrena Faccio y Susana Carregado, los legisladores fueron exponiendo sobre los temas y contestando las preguntas de los periodistas.

En la apertura, María Lamarche como presidenta del bloque, sostuvo que "realizamos un trabajo con lo que fue la rendición de cuentas y ha sido lo que presentamos ante el Tribunal de Cuentas, es decir una serie de objeciones, que tiene que ver con cuestiones legales y técnicas, entendimos que debíamos hacerlas llegar a los relatores del Tribunal, en forma directa, al ser el organismo de contralor que tiene la facultad de evaluar sí han existido irregularidades de la gestión".

Nombramiento y contrato

En tanto Emilio Tisera se refirió a los planteos que hicieron ante el Tribunal de Cuentas, con respecto a las contrataciones e incorporación al Municipio de agentes y funcionarios, para cumplir acciones en distintas dependencias. Por un lado citaron el nombramiento a planta permanente por decreto de un trabajador para el área de prensa, por fuera de la Junta de Disciplina y Calificaciones, donde participan los gremios. "No hacemos un juicio de valor sobre la persona o los méritos que tiene para ocupar dichas funciones, sino que se hizo por fuera de la normativa y con una categoría bastante alta", explicó Tisera

También se refirió a la situación de la coordinadora de Cultura, Mirta Rodríguez, que está contratada como tallerista, cuando en realidad cumple otras funciones y ese contrato se va renovando para mantener su designación. Dijeron que esto ya había sido observado por los relatores del organismo bonaerense.

Mención especial

Un párrafo aparte se llevó un funcionario radicado en la Ciudad de Buenos Aires, que figura como asesor de un programa para el funcionamiento de los NIDO, que durante 2017 recibió por parte del Gobierno un pago superior a los 110 mil pesos, pero que al parecer pocas veces visitó la ciudad, para cumplir con su compromiso laboral, aun teniendo asegurado los viáticos. Lamarche dijo que "se trata de "Ariel Hipólito Godoy, a quien la mayoría no debe conocer y en su momento fue contratado para asesorar y acompañar el armado de los proyectos para los NIDO y eso es lo que se fundamenta para su incorporación" y agregó que "nos llamó poderosamente la atención que no haya presentado ningún tipo de documentación por escrito, sobre algún proyecto de desarrollo para los NIDO y supuestamente tenía que venir al Municipio al menos dos veces por mes y no hay nada de eso, según lo hemos podido averiguar".

Dijo que pudieron saber que es trabajador de planta del Senado de la Nación, y que trabaja con la legisladora Inés Brizuela, de Cambiemos, de La Rioja y tiene capacitaciones en marketing y asesor de imagen.  

Los Creho bajo la lupa

 La concejal Marisol Jodor dedicó su exposición a cuestionar el otorgamiento de los Créditos de Honor, por algo más de 400 mil pesos, que el Gobierno otorgó a diversos beneficiarios mediante decretos en 2017, sin elevar las solicitudes al Concejo Deliberante para su análisis y aprobación, como lo expresa la normativa. 

Indicó que "se alteró el circuito, el mecanismo de otorgamiento que está estipulado por una ordenanza ha sido alterado, es decir no se tuvo en cuenta y se adujo necesidad y urgencia para poder otorgarlos por fuera del Concejo. Esto nos llama la atención porque los decretos son de fechas de cuando el Concejo estaba en el periodo de sesiones ordinarias y creemos que no corresponde este procedimiento". Explicó que fueron otorgados "ad referéndum del Concejo, pero todavía no hemos recibido documentación alguna y esto ha llamado mucho al at5ención del Tribunal de Cuentas".

Otra observación que deslizó Jodor ayer fue el descuento salarial que el Gobierno realizó a los trabajadores que hicieron paro en diciembre, cuando se negociaba la recomposición salarial 2018.

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