Cuatro policías detenidos por corrupción

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Son del área de Seguridad Vial y pertenecen a los destacamentos de las ciudades de Tandil, Azul, Las Flores y San Miguel del Monte.

En el marco de una investigación por supuestas irregularidades, tla Justicia ordenó varios allanamientos y se procedió a la detención de cuatro uniformados, sospechados de actos de corrupción. 

Son agentes del área de Seguridad Vial y pertenecen a los destacamentos de las ciudades de Tandil, Azul, Las Flores y San Miguel del Monte.

Los allanamientos fueron efectuados por agentes de la Policía Federal Argentina en las sedes policiales del área Seguridad Vial de los distritos mencionados.

Los operativos tuvieron lugar en el marco de una importante investigación para determinar posibles delitos de corrupción vinculados a controles vehiculares. 

Se informó que se dictó secreto de sumario en el caso por lo que se pudieron confirmar pocos datos por parte de las autoridades involucradas.

Tras los procedimientos, cuatro personas quedaron detenidas, que son los jefes de todos los destacamentos viales allanados. 

Marcelo Sobrino, fiscal General del Departamento Judicial Azul, señaló al diario "El Tiempo" de Azul que la causa que se está investigando es "por delitos muy graves", ilícitos vinculados con hechos de "corrupción policial que trascienden los límites del Departamento Judicial local".

Los policías -separados de la fuerza mediante una resolución tomada por el ministro Cristian Ritondo a través de la Auditoría- fueron aprehendidos por integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA) tras cuatro operativos, en uno de los cuales un efectivo fue sorprendido cuando extorsionaba a una persona.

Se trata del subcomisario Emiliano José Sparaíno, los capitanes José Luis Arrubia y Javier Alberto Murray y el oficial Raul Exequiel Ferreyra, quienes prestaban servicios en los destacamentos de Seguridad Vial de Tandil, Azul, Las Flores y Monte, respectivamente.

La investigación esta a cargo de la UFI Nº 1 de Azul, fiscal Marcelo Fernández, y cuenta con la colaboración del Centro de Ayuda en la Instrucción (CAI) y del ayudante fiscal Lucas Moyano de Olavarría. A su vez interviene el juez de Garantías de Azul, Juan José Suárez.

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